La violencia contra las mujeres en la región latinoamericana es imparable. Las cifras, por miles, siguen manifestando un dato tras el cual el dolor, la mutilación, el asesinato, la ofensa y el conflicto de pareja minan la capacidad de respuesta de ellas a una vida libre y ciudadana y cobran en otras su propia vida.
Esta violencia, según el análisis de mujeres de 12 países, está cada vez más relacionada con el militarismo en la región, las secuelas de la guerra y los procesos de paz inconclusos. Con el desarrollo de un sistema feroz, cada vez más enfocado al consumo y la explotación, aumenta el número de asesinadas; aparece como grave problema la trata de mujeres y niñas y persiste la impunidad y la indiferencia social y gubernamental.
De la misma forma, los instrumentos jurídicos, los planes nacionales y regionales están rebasados por una realidad que supera toda imaginación. Las mujeres viven un estado latente y creciente de indefensión y campea la injusticia.
Esta situación se agudiza por un proceso global de militarización que se extiende inopinadamente. Los Estados en conflicto político o de guerras con diferente denominación cobran en las mujeres su estabilidad y su integridad. Las participantes, en una reunión realizada en la Casa de la Mujer de la capital colombiana, urgieron a levantar un valladar para detener esta espiral de oprobio femenino.
Reunidas para examinar el estado actual de las políticas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que enfrenten la violencia contra las mujeres, se celebró un nuevo encuentro de la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe por Una Vida sin Violencia para las Mujeres.
En ese contexto, la Red Feminista decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras constatar la persistencia de la violencia contra las mujeres; acordó realizar informes nacionales, documentados y profundos para dirigirse a las instancias internacionales, al comprobar que en la mayoría de las naciones de la región campea la impunidad y se incumplen las leyes, en muchos casos, recientemente renovadas.
Los informes de las asistentes hicieron evidente que la causa de los conflictos políticos y armados, la ausencia de derecho en algunos países, la inoperancia de la Convención Belém Do Pará y la indiferencia y el consentimiento social son semejantes tanto en Guatemala como en El Salvador o México. La situación es grave en Colombia y los asesinatos de mujeres, en menor escala, no paran en Uruguay, Costa Rica, Chile o Puerto Rico.
Durante la reunión se constató, igualmente, que las secuelas de los conflictos armados, como los casos de Guatemala, El Salvador y más recientemente Honduras, revelan que las mujeres siguen siendo botín de guerra, que la tortura sexual, la explotación y la trata también empiezan a ser elementos de esta condición que, en el fondo, habla de la subordinación femenina y la ausencia de Estados democráticos.
Las estadísticas de asesinatos de mujeres crecen especialmente en Guatemala, El Salvador, México y Colombia, donde las cifras de violencia de pareja o dentro del ámbito familiar son imparables y hasta ahora ninguna norma es suficiente.
La secretaria técnica de la Red, la colombiana Olga Amparo Sánchez, comentó que, por parte de los gobiernos, no existe voluntad política y, por el contrario, crecen los presupuestos armamentistas con duras repercusiones en la vida de las mujeres. En Colombia la guerra de 50 años es un flagelo; pero igualmente el enfrentamiento contra el narcotráfico en México ha dejado inertes a miles de ellas en los últimos cuatro años.
En Colombia, la violencia al interior de la familia arrojó que sólo por lesiones 341.720 mujeres formularon denuncias; que la violencia en la relación de pareja -llamada sexual- y los homicidios siguen creciendo y, aunque no todos ellos pueden clasificarse dentro del feminicidio, son preocupantes.
El informe, leído por Olga Amparo, reconoce que la violencia de pareja disminuyó a partir del proyecto de Seguridad Democrática, impulsado por el presidente Álvaro Uribe, pero esa es la cifra política, de "simulación". Lo cierto es que se han recibido 119.870 casos de violencia sexual, violaciones y abusos, particularmente en los espacios privados, precisó.
Los homicidios de mujeres en Colombia se calculan en 1.300 cada año, desde hace una década; es decir, más de 13.000 mujeres asesinadas en el contexto del conflicto armado, principalmente durante la edad reproductiva, entre 20 y 35 años. Se considera que en el espacio público los homicidios son responsabilidad de la fuerza pública.
Pero en este país, además, hay mujeres desaparecidas y detenidas extrajudicialmente, existe persecución y las más afectadas son las líderes.
Irma Rocío Gurrola, del grupo CEMUJER, advirtió que la situación de violencia contra las salvadoreñas se agrava por la aparición de centros de seguridad privados y la falta de celeridad en la atención y desarrollo de programas preventivos, en un contexto político donde se ha debilitado la democracia.
Datos de CEMUJER referidos por Gurrola y corroborados por el Instituto de Medicina Legal, establecen que ha ido creciendo en el tiempo el asesinato de mujeres: en 2007 murió una cada 72 horas, en 2008 una cada 36, en 2009 una cada 31 y en 2010 una cada 13.
Silvia Meza, de la Red Feminista Contra la Violencia, consideró que donde hay sicarios, aumenta la violencia contra las mujeres por el contenido cultural del sicario misógino, que se ensaña contra ellas. Las armas han pasado de las blancas (punzo-cortantes) a las de fuego.
En Costa Rica, los feminicidios entre 2000 y 2004 llegaron a 196; y cuando se examina lo ocurrido en fechas recientes, no disminuye. Son cerca de 68 por ciento de las muertes violentas de mujeres, la mayoría de ellas vinculadas a la pareja, ex pareja y desconocidos.
Hay pocas acciones del Estado y de la ley de penalización, pues en Costa Rica la ley ha perdido o se le han sustraído dos acápites fundamentales: los que penalizan la violencia emocional y el maltrato. Para la abogada Meza, se trata de un franco retroceso.
Martha Quiñones, de Puerto Rico, informó que en 2010 ya hay 15 asesinadas, pero aclara que el problema permanece oculto, no hay estadísticas, y sólo pueden tomarse de los diarios los casos reportados periodísticamente.
Precisa Quiñones que los jueces y los órganos judiciales siguen juzgando a las mujeres por su apariencia o su situación personal o de pareja, lo que propicia un estado de impunidad, a pesar de las leyes. Recordó que Puerto Rico no ha firmado la Convención Belém Do Pará.
Paula Mosca, representante de la Red Uruguaya sobre Violencia Doméstica y Sexual, informó que la situación de violencia doméstica afecta a una de cada siete mujeres de su país; que en 2001 hubo una violación cada nueve días y ahora se reporta una cada 13 días. Sin embargo, no hay datos ni estadísticas confiables. Sólo en 2010 fueron asesinadas 17 mujeres, en el contexto del feminicidio, lo que es grave, y denunció que existen 5.000 denuncias no investigadas.
Este panorama, sólo de algunos países, revela el tamaño del flagelo. Las cifras en Nicaragua, Bolivia y Paraguay, según los relatos de las participantes, son semejantes. A la Red Feminista le preocupa cómo documentar país por país, con análisis y cifras confiables, la violencia contra las mujeres.
La discusión concluyó en la urgencia de elaborar informes puntuales que conformen un fondo regional de documentos que atienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de las violaciones a la Convención Belém Do Pará y otros ordenamientos internacionales relacionados con la Tortura y la Trata.
La Red Feminista está nutrida por decenas de grupos de mujeres y ha realizado importantes campañas continentales. También se ocupa de los hechos históricos que evidencian hasta qué punto la violencia contra las mujeres ha ido en ascenso, contrariamente a la versión de las Naciones Unidas de que el flagelo, al develarse y estudiarse, es una cuestión histórica sólo relacionada con la condición social de las mujeres.
Durante las discusiones se reconoció que la globalidad militarizada y el crecimiento del autoritarismo institucional deberán ser estudiados y analizados para hacer una denuncia en este sentido.
El caso de México, presentado en la reunión, sin representación de Red, mostró cómo en cuatro años se han ejecutado a cerca de 27.000 personas y se calcula que las víctimas femeninas llegan al dos por ciento; además de que el Observatorio Nacional que analiza el feminicidio habla de más de 2.500 mujeres asesinadas cada año.
El caso de Guatemala, que explicó en la reunión Giovanna Lemus, coordinadora de la Red Centroamericana contra la Violencia, ya ha significado la atención de las relatoras internacionales y es una secuela indirecta de la guerra y los procesos inconclusos de paz, indicó.
Esta violencia, según el análisis de mujeres de 12 países, está cada vez más relacionada con el militarismo en la región, las secuelas de la guerra y los procesos de paz inconclusos. Con el desarrollo de un sistema feroz, cada vez más enfocado al consumo y la explotación, aumenta el número de asesinadas; aparece como grave problema la trata de mujeres y niñas y persiste la impunidad y la indiferencia social y gubernamental.
De la misma forma, los instrumentos jurídicos, los planes nacionales y regionales están rebasados por una realidad que supera toda imaginación. Las mujeres viven un estado latente y creciente de indefensión y campea la injusticia.
Esta situación se agudiza por un proceso global de militarización que se extiende inopinadamente. Los Estados en conflicto político o de guerras con diferente denominación cobran en las mujeres su estabilidad y su integridad. Las participantes, en una reunión realizada en la Casa de la Mujer de la capital colombiana, urgieron a levantar un valladar para detener esta espiral de oprobio femenino.
Reunidas para examinar el estado actual de las políticas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que enfrenten la violencia contra las mujeres, se celebró un nuevo encuentro de la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe por Una Vida sin Violencia para las Mujeres.
En ese contexto, la Red Feminista decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras constatar la persistencia de la violencia contra las mujeres; acordó realizar informes nacionales, documentados y profundos para dirigirse a las instancias internacionales, al comprobar que en la mayoría de las naciones de la región campea la impunidad y se incumplen las leyes, en muchos casos, recientemente renovadas.
Los informes de las asistentes hicieron evidente que la causa de los conflictos políticos y armados, la ausencia de derecho en algunos países, la inoperancia de la Convención Belém Do Pará y la indiferencia y el consentimiento social son semejantes tanto en Guatemala como en El Salvador o México. La situación es grave en Colombia y los asesinatos de mujeres, en menor escala, no paran en Uruguay, Costa Rica, Chile o Puerto Rico.
Durante la reunión se constató, igualmente, que las secuelas de los conflictos armados, como los casos de Guatemala, El Salvador y más recientemente Honduras, revelan que las mujeres siguen siendo botín de guerra, que la tortura sexual, la explotación y la trata también empiezan a ser elementos de esta condición que, en el fondo, habla de la subordinación femenina y la ausencia de Estados democráticos.
Las estadísticas de asesinatos de mujeres crecen especialmente en Guatemala, El Salvador, México y Colombia, donde las cifras de violencia de pareja o dentro del ámbito familiar son imparables y hasta ahora ninguna norma es suficiente.
La secretaria técnica de la Red, la colombiana Olga Amparo Sánchez, comentó que, por parte de los gobiernos, no existe voluntad política y, por el contrario, crecen los presupuestos armamentistas con duras repercusiones en la vida de las mujeres. En Colombia la guerra de 50 años es un flagelo; pero igualmente el enfrentamiento contra el narcotráfico en México ha dejado inertes a miles de ellas en los últimos cuatro años.
En Colombia, la violencia al interior de la familia arrojó que sólo por lesiones 341.720 mujeres formularon denuncias; que la violencia en la relación de pareja -llamada sexual- y los homicidios siguen creciendo y, aunque no todos ellos pueden clasificarse dentro del feminicidio, son preocupantes.
El informe, leído por Olga Amparo, reconoce que la violencia de pareja disminuyó a partir del proyecto de Seguridad Democrática, impulsado por el presidente Álvaro Uribe, pero esa es la cifra política, de "simulación". Lo cierto es que se han recibido 119.870 casos de violencia sexual, violaciones y abusos, particularmente en los espacios privados, precisó.
Los homicidios de mujeres en Colombia se calculan en 1.300 cada año, desde hace una década; es decir, más de 13.000 mujeres asesinadas en el contexto del conflicto armado, principalmente durante la edad reproductiva, entre 20 y 35 años. Se considera que en el espacio público los homicidios son responsabilidad de la fuerza pública.
Pero en este país, además, hay mujeres desaparecidas y detenidas extrajudicialmente, existe persecución y las más afectadas son las líderes.
Irma Rocío Gurrola, del grupo CEMUJER, advirtió que la situación de violencia contra las salvadoreñas se agrava por la aparición de centros de seguridad privados y la falta de celeridad en la atención y desarrollo de programas preventivos, en un contexto político donde se ha debilitado la democracia.
Datos de CEMUJER referidos por Gurrola y corroborados por el Instituto de Medicina Legal, establecen que ha ido creciendo en el tiempo el asesinato de mujeres: en 2007 murió una cada 72 horas, en 2008 una cada 36, en 2009 una cada 31 y en 2010 una cada 13.
Silvia Meza, de la Red Feminista Contra la Violencia, consideró que donde hay sicarios, aumenta la violencia contra las mujeres por el contenido cultural del sicario misógino, que se ensaña contra ellas. Las armas han pasado de las blancas (punzo-cortantes) a las de fuego.
En Costa Rica, los feminicidios entre 2000 y 2004 llegaron a 196; y cuando se examina lo ocurrido en fechas recientes, no disminuye. Son cerca de 68 por ciento de las muertes violentas de mujeres, la mayoría de ellas vinculadas a la pareja, ex pareja y desconocidos.
Hay pocas acciones del Estado y de la ley de penalización, pues en Costa Rica la ley ha perdido o se le han sustraído dos acápites fundamentales: los que penalizan la violencia emocional y el maltrato. Para la abogada Meza, se trata de un franco retroceso.
Martha Quiñones, de Puerto Rico, informó que en 2010 ya hay 15 asesinadas, pero aclara que el problema permanece oculto, no hay estadísticas, y sólo pueden tomarse de los diarios los casos reportados periodísticamente.
Precisa Quiñones que los jueces y los órganos judiciales siguen juzgando a las mujeres por su apariencia o su situación personal o de pareja, lo que propicia un estado de impunidad, a pesar de las leyes. Recordó que Puerto Rico no ha firmado la Convención Belém Do Pará.
Paula Mosca, representante de la Red Uruguaya sobre Violencia Doméstica y Sexual, informó que la situación de violencia doméstica afecta a una de cada siete mujeres de su país; que en 2001 hubo una violación cada nueve días y ahora se reporta una cada 13 días. Sin embargo, no hay datos ni estadísticas confiables. Sólo en 2010 fueron asesinadas 17 mujeres, en el contexto del feminicidio, lo que es grave, y denunció que existen 5.000 denuncias no investigadas.
Este panorama, sólo de algunos países, revela el tamaño del flagelo. Las cifras en Nicaragua, Bolivia y Paraguay, según los relatos de las participantes, son semejantes. A la Red Feminista le preocupa cómo documentar país por país, con análisis y cifras confiables, la violencia contra las mujeres.
La discusión concluyó en la urgencia de elaborar informes puntuales que conformen un fondo regional de documentos que atienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de las violaciones a la Convención Belém Do Pará y otros ordenamientos internacionales relacionados con la Tortura y la Trata.
La Red Feminista está nutrida por decenas de grupos de mujeres y ha realizado importantes campañas continentales. También se ocupa de los hechos históricos que evidencian hasta qué punto la violencia contra las mujeres ha ido en ascenso, contrariamente a la versión de las Naciones Unidas de que el flagelo, al develarse y estudiarse, es una cuestión histórica sólo relacionada con la condición social de las mujeres.
Durante las discusiones se reconoció que la globalidad militarizada y el crecimiento del autoritarismo institucional deberán ser estudiados y analizados para hacer una denuncia en este sentido.
El caso de México, presentado en la reunión, sin representación de Red, mostró cómo en cuatro años se han ejecutado a cerca de 27.000 personas y se calcula que las víctimas femeninas llegan al dos por ciento; además de que el Observatorio Nacional que analiza el feminicidio habla de más de 2.500 mujeres asesinadas cada año.
El caso de Guatemala, que explicó en la reunión Giovanna Lemus, coordinadora de la Red Centroamericana contra la Violencia, ya ha significado la atención de las relatoras internacionales y es una secuela indirecta de la guerra y los procesos inconclusos de paz, indicó.
por Sara Lovera
Fuente: rebelion.org
