lunes, 9 de agosto de 2010

Los perjudicados de siempre

El auge en la construcción de centrales hidroeléctricas para la producción de energía está afectando negativamente a numerosas poblaciones indígenas en todo el mundo, advirtió este lunes la organización indigenista Survival.

En un informe publicado en ocasión del Día Mundial de las Poblaciones Indígenas, la ONG denunció que la mayoría de estos proyectos se llevan a cabo sin consultar a las comunidades que habitan en las zonas donde se están construyendo muchas de las represas.

Y en muchos casos, afirma, se trata de comunidades indígenas que se ven obligadas a abandonar sus tierras, o ven afectados sus cultivos u otros medios de vida.

"No sólo no se les da la oportunidad para opinar, sino que tampoco se benefician. Lo único que obtienen son las consecuencias negativas", le dijo Lindsey Duffield, de Survivor, a BBC Mundo.

Y para Duffield, el impacto negativo desproporcionado que este tipo de proyectos tiene sobre los pueblos indígenas es evidencia de las dificultades que estos todavía enfrentan a la hora de defender sus derechos.

"El problema es resultado de una combinación de racismo y de codicia", afirmó.

Voluntad Política

Entre los casos mencionados en el reporte de Survivor se destacan proyectos en Brasil, Perú, Guyana, Malasia y Etiopía.

El gobierno del estado de Mato Groso, por ejemplo, tiene planeado construir 77 represas a lo largo de los ríos Juruena y Aripuana en esa región amazónica.

Y según Survival esto afectará la calidad del agua y las fuentes de pesca de tribus como los Enawene Nabe, Nambiquara, Erikbatsa y muchas otras.

Otros problemas serios que enfrentan las comunidades indígenas son la degradación ambiental y el desplazamiento forzoso de tribus enteras, como sería el caso de los proyectos Gilgel Gibe III, en Etiopía, y Murum, en Malasia.

Pero, ¿no son necesarios este tipo de proyectos para reducir la dependencia de combustibles fósiles y combatir el cambio climático?

"La decisión de construir una represa en tierras indígenas es una decisión política, no una decisión acerca de cómo producir energía", sostiene Duffield.

Y la activista de Survival señaló además que algunos de estos proyectos hidroeléctricos, más que traer beneficios ambientales, lo que hacen es crear las condiciones "para la explotación industrial de las tierras de otros grupos tribales".

Un ejemplo sería la presa de Belo Monte, en Brasil –que una vez concluida será la tercera más grande del mundo-, la que según Survival está actualmente a cargo de un consorcio de nueve compañías mineras.

Las lecciones del pasado

El reporte también lamenta que no se estén aprovechando las lecciones de la historia.

"Hace ya una década la Comisión Mundial sobre Represas reconoció que los grandes proyectos de este tipo ‘han llevado pobreza y sufrimiento a millones de personas’ y estableció estándares y pautas para futuros proyectos", se lee en el mismo.

"Pero las lecciones del siglo pasado están siendo ignoradas y las poblaciones tribales están siendo puestas a un lado, sus derechos violentados, y sus tierras destruidas", afirma.

Para Survival, el problema es particularmente grave porque luego de un declive en la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos a finales de la década de 1980, estos se están volviendo a poner de moda "empujados por un lobby que trabaja duro para retratar a esta industria como una panacea contra el cambio climático".

Y la ONG también sugiere que los esfuerzos auto-regulatorios, como el Protocolo de Evaluación de Sostenibilidad de la Energía Hidroeléctrica de la International Hydropower Association (IHA), son insuficientes a la hora de proteger los derechos de los pueblos indígenas.

"El protocolo no establece estándares mínimos para la construcción de represas. En su lugar, los diferentes aspectos de los proyectos presentados reciben una calificación de uno a cinco", explica el reporte.

"Eso significa que una baja calificación en materia de ‘calidad del proceso de planificación en lo que se refiere a los temas, riesgo y oportunidades de los pueblos indígenas’ puede verse cancelado por una buena nota en ‘transparencia y competitividad del proceso de licitación’", afirma.

"No todo es negativo"

Esta valoración, sin embargo, no es compartida por el director ejecutivo de la IHA, Michael Fink.

"La idea (del protocolo) no es la de arrojar un promedio", le dijo Fink a BBC Mundo. "Hemos sido explícitos en ello".

En su lugar, explicó Flink, el trabajo del foro multisectorial que trabaja en el tema -en el que participan, además de representantes de la industria y de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil como WWF, The Nature Conservancy, Oxfam y Transparencia Internacional-, está orientado a identificar las mejores prácticas.

"Y es porque estamos reconocemos que el tema (de los pueblos indígenas) es importante, que éste es uno de los 23 tópicos considerados en el Protocolo", dijo Fink.

Pero además, según el director de IHA, hay muchos otros tópicos que también son relevantes para las comunidades indígenas, como los que refieren a las diferentes dimensiones sociales o ambientales de los proyectos.

Para Fink, el reporte de Survival pinta un cuadro dramático porque se enfoca en algunos de los peores casos "y eso puede ser útil porque informa el debate y puede ayudar a que algunas situaciones no se repitan".

Pero Fink también hizo notar que en la actualidad hay unos 12.000 proyectos de energía hidroeléctrica operando en el mundo, y que el reporte en cuestión se refiere a únicamente un puñados de casos.

Y si para Lindsey Duffield, de Survival, el camino para conseguir que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados pasa por hacerlos vinculantes a nivel internacional, para el caso de los proyectos hidroeléctricos IHA tiene otra propuesta:

"Invitamos a Survival a considerar la posibilidad de sumarse al Foro para que puedan contribuir plenamente con la forma en la que el Protocolo aborda el tema de los pueblos indígenas", dijo la organización.


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