Notas sobre el modelo monoexportador y la autonomía comunitaria

Desde el modelo macro-político y macro-económico estatal-empresarial de agro o monoexportación, hacia la autonomía productiva, energética y alimentaria local comunitaria

El rol de las cooperativas cartoneras en el reciclado

Las cooperativas cartoneras proliferaron luego de la crisis de 2001. Entre los años 2003 y 2005 diversas normativas sentaron las bases para la creación de los llamados centros de reciclado. Se trata de ámbitos destinados a clasificar y acopiar el material proveniente de la recolección diferenciada, es decir, la basura reutilizable. Esta última es recogida y trasladada por las empresas prestatarias del servicio de recolección de basura y depositada en esas plantas donde los cartoneros desarrollan su labor.

El Tren-Hospital ALMA ya atendió a 1.500 chicos en lo que va del año

La Fundación realiza en Tucumán su tercer viaje del año al norte del país. Con las visitas a las localidades de Atahona y Monteagudo, llegaron prestar servicios de salud a 1.578 niños, unos 350 más que en todo 2009.

Nuevos cursos y talleres del Cispren

Están abiertas las inscripciones para el nuevo ciclo de cursos y talleres organizado por la Secretaría de Cultura del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren). 

Jaume Nualart, fundador de Indymedia Barcelona

Vayamos por partes: su primer ordenador fue...

Tenía 14 años y me lo reglaron mis tíos de Ripoll. Era un Comodore Vic 20. Tenía ese ordenador y un manual de Basic.

Pegar donde más duele

Las campañas de reciclaje están cargadas de buenas intenciones pero a veces su efectividad queda lejos de alcanzar los objetivos. Pero ¿qué pasa si reciclando nos tocan el bolsillo?. Parece que una recompensa material mueve más conciencias que un simple anuncio publicitario.

Coelce es la filial eléctrica de Endesa en Brasil. En 2007 lanzaron su proyecto Ecoelce, consistente en cambiar basura por energía entre los habitantes de renta baja del estado de Ceará. El proyecto acaba de ser reconocido con el 'Premio Socioambiental Chico Mendes 2010' y este no es el primero que reciben. Coelce atiende hoy a 236.000 familias socialmente vulnerables y desde que se inició el proyecto, han conseguido mediante el reciclaje recoger más de 8.000 toneladas de residuos que corresponden a 31.000 Gwh de energía. Esto ha generado unos 556.000 dólares de descuentos en las facturas de la luz. El grado de implicación es tan grande que muchos de los vecinos de Ceará, consiguen mes tras mes costear en su totalidad la factura de la luz.

En la misma línea, encontramos múltiples iniciativas que llevan funcionando años con éxito en países como Estados Unidos, Canadá o Australia. Es el caso de ReciclyBank, en su momento pionero e iniciado en Filadelfia, se extiende hoy por más de 300 comunidades en 26 estados del país. Un dispositivo de seguimiento electrónico instalado en los cubos de la basura mide la cantidad de residuos que recicla cada hogar. Los vecinos reciben puntos que pueden canjear por productos o servicios en los establecimientos asociados.

Greenopolis propone en su web una amplia variedad de opciones para reciclar y ganar premios. Lo mejor es que cualquiera puede participar aportando ideas para conseguir puntos que luego se canjean en locales adheridos.

Envirobank en Australia, utiliza con éxito máquinas como las habituales de refrescos para recolectar embases en hospitales, escuelas, gasolineras... Que te acabas de beber un refresco y no sabes que hacer con la lata, pues la metes en la máquina y ésta te devuelve dinero en efectivo o puntos para canjear por regalos. El sistema clasifica y compacta directamente los residuos. Además reconoce y desecha aquellos que por su código de barras, detecta que no son reciclables.

Estos son sólo algunos ejemplos. Lo bueno, ver como la lista de iniciativas de este tipo crece más y más. Lo malo, darnos cuenta de que parece que siempre los mismos países desarrollan ideas que serían buenas para todos pero... ¿dónde están este tipo de iniciativas en nuestros países del continente Latinoamericano, en España o en otras zonas del planeta?... ¿Conoces alguna iniciativa que se esté llevando a cabo en tu barrio o ciudad? Anímate a compartirla.

fuente: idealistas.org

La Argentina, aficionada a las cesáreas

La realización de cesáreas en la Argentina "supera hasta un 70%" lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que se promueve un esquema que prioriza esa intervención quirúrgica antes que un parto natural", informó la Asociación Obstétrica Metropolitana (AOM).

"La OMS establece que en condiciones de normalidad un sistema sanitario requiere la realización de cesáreas en un 10 o un 15 por ciento de los embarazos, pero en la Argentina entre el sector público y algunas clínicas privadas ese porcentaje se ubica entre un 30 y un 70", indicó a Télam la secretaria general de la AOM, Susana Rodríguez.

Rodríguez detalló que esta situación "revela el empleo de un criterio que, aún en los partos sin riesgo, prioriza las prácticas quirúrgicas por sobre los tiempos naturales del proceso de maternidad".

"Tenemos una situación en la que se busca optimizar, apurar todo, exigir velocidad a los profesionales y vemos también una cultura de la inmediatez que condiciona incluso a la propia familia con la idea de que el médico puede decidir sobre el cuerpo de la mujer al momento de dar a luz", explicó la especialista.

Sostuvo además que en este marco "se emplean prácticas no avaladas por evidencia científica y se imponen intereses económicos por sobre las necesidades de la mujer y el niño".

Tres de cada diez nacimientos son por cesárea, según datos de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, mientras que en la ciudad de Buenos Aires sobre un total de 30.794 nacimientos registrados en el 2009, el 26% no fueron por parto natural.

"En la Capital Federal creció un 29% en 10 años la práctica de cesáreas, cuando los nacimientos subieron un 15%, y en el ámbito privado se calcula que un 60 % de las embarazadas tienen partos naturales", agregó Rodríguez.

La obstétrica afirmó que "el 85 por ciento de los embarazos son de bajo riesgo y se conducen hacia un parto natural, pero para que ello ocurra se requiere del compromiso de los profesionales y la familia durante la atención en toda la gestación".

"La humanización del parto -agregó- constituye una necesidad urgente y evidente y recomendó a las maternidades centradas en la familia como los lugares mas adecuados para el momento de dar a luz".

La atención del nacimiento "es parte de la salud sexual reproductiva, que define las prácticas adecuadas para la regulación de la fertilidad sin riesgos y efectos secundarios desagradables o peligrosos; tener embarazos y partos seguros y criar hijos saludables", subrayó.

La Organización Mundial de la Salud considera al parto seguro como aquel de comienzo espontáneo, de bajo riesgo desde el comienzo del trabajo, hasta la finalización del nacimiento.

Breves

Capacitación en Comunicación

El Instituto para el Financiamiento de las Cooperativas de Trabajo (Ificotra) de Córdoba organiza una serie de cursos de carácter teórico-práctico basados en el eje “La Comunicación como herramienta de fortalecimiento organizacional”. La formación está pensada para brindar a cooperativistas conocimientos y elementos comunicacionales útiles para su desempeño laboral y el de sus organizaciones. Los talleres serán realizados en 1 o 2 jornadas, cursando una por semana, con una duración de dos horas de trabajo por día. Las inscripciones son gratuitas y se otorgarán certificados al finalizar. Los próximos cursos serán “Herramientas de comunicación externa”, el 12 y 19 de agosto, y los días 26 de agosto y 2 de septiembre “Herramientas para la comunicación”; por último el 9 de septiembre “Imagen institucional y diseño de material gráfico”. El lugar de encuentro es en la Casa de la Cooperación en calle Chaco 147, a las 18.30 hs. Para mayor información: 0351 5891009, email: ificotra@gmail.com.

Nueva cooperativa en Villa Rumipal

Una excelente noticia llega de la mano de sitiocooperativo.com con respecto a la creación de una cooperativa que permitirá multiplicar emprendimientos de construcción en el interior de Córdoba. Finalmente, el pasado viernes quedó conformada en Villa Rumipal la Cooperativa de Trabajo “Esfuerzo Compartido” que permitirá multiplicar emprendimientos de construcción e infraestructura beneficiando a sus socios. Se trata de la primera experiencia de estas características presentada en el Valle de Calamuchita, lograda luego de intensas gestiones entre la Comisión de Tierras, que depende de la Jefatura de Ministros del Ejecutivo Nacional y la Municipalidad de Villa Rumipal.

Jornadas Cordobesas de Economía Social

Los días 23 y 24 de agosto se llevarán a cabo en el aula Magna de la Facultad de Ingeniería de la UNC, Ciudad Universitaria, las Jornadas Cordobesas de Economía Social. Cabe destacar que en la oportunidad se presentará “La Experiencia Mondragon", la mayor cooperativa del País Vasco a cargo del Mgter Mikel Lezamiz. En las jornadas disertarán Dr. Miguel Rodríguez Villafañe, Lic. Alejandro Russo, Dr. Enrique Fernández Quintana, Dr. Aldo Pareces, y Lic. Daniel Koifman, entre otros profesionales destacados; respecto a temas inherentes al impacto de la economía solidaria en el desarrollo local, los créditos y las mutuales, la ley de servicios financieros y la economía social en los sectores populares. Inscripciones limitadas, incluye certificado de asistencia y material de trabajo. Informes ajornadaseconomiasocial.cba@gmail.com; o a los teléfonos 4285600 / 152204906.

Cooperar en Darfur

Cooperar en Darfur (Sudán) no es hacerlo en cualquier sitio. Cuando la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria o los programas de construcción de paz se llevan a cabo en una zona tan conflictiva como ésta, aspectos como la sostenibilidad, la permanencia o la viabilidad quedan a expensas de variables que ninguno de los actores presentes en ese contexto puede controlar en su totalidad.

El conflicto de Darfur es un claro ejemplo de la pluralidad de causas que dan origen a un enfrentamiento armado. En sus causas se mezclan la marginación económica y política de la población local, la competencia por los recursos naturales entre los grupos que habitan la región (árabes-negroafricanos, nómadas-sedentarios, agricultores-ganaderos) y el choque ideológico que prima a los árabes sobre las etnias denominadas africanas. [1]

La situación de inseguridad y violencia en Darfur se prolonga en el tiempo. La región (situada en la parte occidental de Sudán y con una superficie comparable a la de España) se ha visto influenciada de forma continua por los conflictos del vecino Chad, por la cruzada panarabista de Gadafi y por las desestabilizadoras dinámicas regionales en general.

Aunque el inicio del conflicto se marca habitualmente en 2003 (cuando pasa a ocupar más espacio mediático a raíz de los bombardeos por parte del gobierno de Jartum), la región lleva en situación de conflicto ya desde los años ochenta del pasado siglo. [2]

El conflicto armado, las tensiones con milicias y gobierno chadianos y la despreocupación gubernamental han sumido a sus habitantes en unos niveles de pobreza e inseguridad alarmantes, hasta el punto de ser definida en 2003 como “la peor crisis humanitaria” (hasta que llegó el Tsunami en 2004). [3] Además de compartir los negativos datos que definen en su conjunto a Sudán (con algo más del 40 por ciento de la población viviendo por debajo el umbral de la pobreza) [4], en Darfur hay que añadir la sistemática falta de inversión, la ausencia de una mínima base industrial y una acusada degradación medioambientales que la convierten, en resumen, en la zona menos desarrollada de todo Sudán.

A finales de 2004 casi 200.000 sudaneses habían huido a través de la frontera de Chad y 1,6 millones de personas se convirtieron en desplazadas internas en Darfur. [5] Según datos de principios de 2009, unas 300.000 personas habían sido asesinadas como consecuencia del conflicto y 4,7 millones dependían de la ayuda humanitaria (sólo en Darfur), de las cuales 2,7 millones habían tenido que abandonar sus hogares. Se trata de unas cifras que completan un panorama nacional en el que se estima que hay 6,5 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria para sobrevivir. [6]

En términos políticos, el conflicto se ha desarrollado bajo el mandato de Omar Al Bashir, convertido en presidente a través de un golpe de Estado en 1989 y que acaba de revalidar su poder con las primeras elecciones celebradas desde 1986, en las que ha obtenido el 68 por ciento de los votos, según la Comisión Electoral del país. Sobre Bashir, no lo olvidemos, recae una acusación formal de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad, precisamente por su implicación directa en el conflicto de Darfur. Desde su posición de poder, Bashir se ha mostrado crecientemente opuesto a las acciones y organizaciones humanitarias.

Control de los medios y entidades humanitarias

El gobierno de Sudán ha buscado siempre minimizar las crisis y con- flictos que vive su país (no sólo la que afecta a Darfur, sino también la que durante más de veinte años ha enfrentado al norte y al sur de Sudán), gracias a su evidente control tanto de los medios de comunicación como de la actividad de las organizaciones que operan en él. Con este objetivo, ha procurado siempre ir restando margen de maniobra a las entidades humanitarias internacionales en pro de las nacionales, más fáciles estas últimas de manejar; no necesariamente porque no sean críticas con el gobierno de Bashir, o menos capaces que las internacionales, sino segura y principalmente por el extendido sentimiento de que uno no debe morder la mano que le da de comer.

En marzo del pasado año, por ejemplo, al conocerse la decisión de la CPI de lanzar la orden de arresto internacional contra el presidente sudanés, a éste no se le ocurrió otra cosa que expulsar a 13 organizaciones humanitarias internacionales que trabajaban en el territorio sudanés. ¿La razón? En palabras del propio Bashir, estas organizaciones eran algo así como “espías” que habían jugado en contra del gobierno durante la investigación de la Corte Penal Internacional. ¿El resultado? Según la portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, más de un millón de personas sin comida y un millón y medio sin atención médica. [7]

Posteriormente la decisión fue parcialmente revocada. De ese modo, mientras que algunas organizaciones (como Oxfam-Gran Bretaña y las delegaciones francesa y holandesa de Médicos Sin Fronteras) se quedaron sin permiso para trabajar en Sudán, otras (como Oxfam-América, las secciones española, belga y suiza de MSF y algunas agencias de las Naciones Unidas) han podido seguir activas en el país.

El mayor impacto de esta decisión contra las ONG ha sido (como señalaba Alun McDonald, de Oxfam Internacional) [8] que las asociaciones que han quedado en la zona han tenido que desviar sus programas de desarrollo a largo plazo, como por ejemplo los educativos, en favor de programas de ayuda de emergencia, al mantenerse la violencia en la zona y reducirse el número de organizaciones presentes, para poder atender así las necesidades más urgentes. [9] Todo esto en una región en la que, debido al conflicto y a los cambios demográficos, millones de personas se han quedado asentadas en refugios improvisados, lo que deriva en una imperiosa necesidad para construir infraestructuras básicas, sin olvidar los proyectos a largo plazo, especialmente los educativos y de salud.

La actitud del gobierno de Bashir, utilizando los permisos para las ONG como moneda de cambio o elemento de chantaje, hace que esté siendo casi imposible invertir en esta región con una perspectiva de futuro, preventiva o que simplemente avance y contribuya a la construcción de una paz y estabilidad duradera. Por otro lado, la inseguridad para los trabajadores humanitarios es una constante en el trabajo, mientras se incrementan los secuestros y ataques directos a sus instalaciones y personal. Esto ha provocado que muchas organizaciones reduzcan su presencia de manera voluntaria.

La realidad es que, hoy por hoy, las posibilidades de trabajo en Darfur se reducen al ámbito puramente humanitario en el campo de la respuesta de emergencia. Por muy necesarias que sean estas actividades, queda claro que no se dan las condiciones para abordar proyectos de mayor alcance.

A pesar de que en los últimos años ha “descendido” la violencia en la zona, los ataques contra personal humanitario, civiles y fuerzas de Naciones Unidas siguen siendo habituales. Sin ir más lejos, durante las elecciones presidenciales celebradas del 11 al 15 de abril, los observadores europeos abandonaron Darfur por la “imposibilidad de efectuar su labor en la zona” [10] y el pasado 23 de abril un enfrentamiento entre el ejército del Sur de Sudán y las tribus darfuríes árabes se saldó con 58 muertos y 85 heridos, obligando a interrumpir el suministro de ayuda humanitaria en una de las zonas montañosas de Darfur.

Es así como política y asistencia humanitaria acaban entrelazándose, en perjuicio de las víctimas de un conflicto que no tiene visos de solución a corto plazo. Tanto las milicias como el propio ejército toman, demasiado a menudo, a los trabajadores humanitarios y cooperantes como enemigos, como elementos molestos que trabajan a favor de una población que los primeros prefieren mantener sometida a sus dictados.

La inseguridad hace que las organizaciones se planteen su presencia, los ataques contra los trabajadores hacen que éstos se replanteen también si compensa trabajar en ese terreno o si no será mejor ayudar a los darfuríes desde la sede central de su ONG. Básicamente, tanto la organización como el trabajador expatriado pueden acabar hartos de verse envueltos en una dinámica de violencia que no es la suya, en unas condiciones en las que resulta muy difícil mantener los principios de neutralidad e independencia en la asistencia humanitaria, y mientras aumentan las posibilidades de sufrir violaciones, secuestros y ataques de todo tipo.

Futuro

Nos queda por ver qué pasará a partir de ahora en Sudán. La previsión inicial es que se celebre el próximo mes de enero el referéndum que debe determinar si Sudán se mantiene unido o si se produce la independencia del sur del país. Si esto último ocurre, algunos pronostican el fin del conflicto histórico entre el norte y el sur. Otros, por el contrario, sostienen que Bashir no permitirá de modo alguno que el sur (donde se ubican los principales yacimientos petrolíferos de Sudán) pase a otras manos, por lo que anuncian una vuelta a la guerra abierta. Mientras se despeja esa duda, es difícil imaginar que Bashir vaya a modificar su comportamiento con la población de Darfur y con los trabajadores humanitarios y las organizaciones de desarrollo que allí pretenden seguir trabajando.

En esas circunstancias, cabe suponer que la CPI mantenga su orden de arresto contra un presidente reforzado en su poder desde Jartum. Por su parte, no cabe esperar que los gobiernos que apoyan a la CPI vayan a mover un dedo para evitar la expulsión de las organizaciones humanitarias. De nuevo asistimos a un ejercicio de indignación formal de representantes de la ONU y presidentes y ministros de exteriores europeos. De nuevo también asistimos a la decepción de que esa indignación no vaya acompañada de ningún tipo de sanción al gobierno de Omar Al Bashir. De nuevo nos hacemos la misma pregunta, ¿de qué sirve una condena internacional si no va acompañada de sanciones de ningún tipo? ¿De verdad pensamos que al presidente sudanés le importa no poder pisar Europa o Estados Unidos?

La historia se repite demasiadas veces: condenas formales de castigo aplicado contra civiles (como en el caso del bloqueo israelí a Gaza), mientras se sigue comerciando con el mismo gobierno que condenamos. Como siempre, asistimos al castigo fácil, contra quien no tiene cómo defenderse y no ha tomado ninguna decisión; porque si castigamos a los gobiernos de esos países nos castigamos a nosotros mismos. Al invalidar acuerdos comerciales o diplomáticos castigaríamos nuestra cartera (¡impensable!). Mejor castigar a quienes siempre lo han estado, a los nadies (como les llama Galeano), de Darfur en este caso.

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Ida de la Hera Salvador forma parte del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)-

Este artículo ha sido publicado en el nº 42 de la Revista Pueblos, junio 2010.. En la edición impresa se incluyen tablas elaboradas por la autora del artículo.

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[1] Base de Datos de Conflictos y Construcción de Paz de la Escola de Cultura de Pau: http://escolapau.uab.es.

[2] Wouter Cools: Darfur: entre la marginación y la ignorancia. Cuaderno número 10 del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Madrid, 2008

[3] Ibídem.

[4] The World Factbook. Central Intelligence Agency (CIA, USA). Consultar a través de: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html.

[5] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Ver web: www.acnur.org.

[6] www.darfurvisible.org. Comité Vasco de ACNUR.

[7] “Se teme nuevo desastre humanitario en Darfur a causa de expulsión de ONG”. (AFP). Noticia publicada el 06/03/2009.

[8] Alun McDonald es responsable regional de Comunicación y Medios para el Cuerno de África, África Oriental y Central.

[9] El norte de Sudán: doce meses después de la expulsión de Oxfam Gran Bretaña”. Noticia publicada en la web de Oxfam en 2009. Ver en: www.oxfam.org/es/emergencies/darfur/norte-sudan-12-meses-oxfam-gran-bretana.

[10] “UE retira a sus observadores de Darfur”. (EFE. Jartum, Sudán). Ver en: http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/04/08/hoy/mundo/2148337.asp

Fuente: revista Pueblos

HRW: Argentina debe garantizar el acceso de las mujeres a servicios de salud

Cada año, miles de mujeres y niñas en Argentina se exponen a sufrimientos innecesarios como resultado de conductas negligentes o abusivas durante la provisión de servicios de salud reproductiva, señaló hoy Human Rights Watch.

El informe de 53 páginas, denominado "¿Derecho o Ficción?: La Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva", documenta los numerosos obstáculos que enfrentan mujeres y niñas que intentan recibir servicios de salud reproductiva a los cuales tienen derecho, tales como anticoncepción, procedimientos voluntarios de esterilización y aborto después de una violación. Los obstáculos más comunes incluyen prolongadas demoras en la prestación de servicios, derivaciones innecesarias a otros centros de salud, la exigencia ilegal de autorización del esposo y, en algunos casos, directamente la denegación de atención.

"Las mujeres necesitan recibir atención confiable durante toda su vida reproductiva", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Sin embargo, en Argentina esto se parece más a una lotería: se puede tener suerte y recibir atención decente, pero es más probable que no se tenga otra opción que someterse a servicios deficientes o, incluso, abusivos".

Como resultado directo de estos obstáculos, a menudo mujeres y niñas en Argentina no pueden tomar decisiones independientes sobre su salud, y muchas se enfrentan a embarazos no deseados o con riesgo para su salud. En Argentina, el 40 por ciento de los embarazos son interrumpidos mediante abortos, en muchos casos practicados de forma insegura. El aborto inseguro ha sido una de las causas principales de mortalidad materna en el país durante décadas.

El informe identifica que la falta de supervisión y rendición de cuentas en la implementación de las leyes y políticas existentes son los principales problemas que posibilitan que se continúe denegando a mujeres y niñas una atención adecuada. Los médicos y otros miembros del personal de la salud que deniegan a algunas mujeres servicios que les corresponden, o que imponen condiciones arbitrarias para brindarlos, pocas veces -o nunca- son investigados o sancionados.

"Claramente, las políticas sobre salud reproductiva de Argentina no son perfectas, pero si se implementaran, evitarían en gran medida los padecimientos que advertimos al realizar la investigación para este informe", manifestó Vivanco. "El gobierno debe tomar medidas mucho más enérgicas para monitorear el modo en que se implementan estas políticas y para sancionar los abusos".

El informe de Human Rights Watch también critica que las políticas de salud reproductiva argentinas ignoran a sectores interesados clave, como las mujeres y niñas con discapacidad. Con la reciente ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Argentina ha asumido obligaciones jurídicas internacionales específicas en este ámbito que no están siendo cumplidas, expresó Human Rights Watch.

"Las mujeres y niñas con discapacidad se enfrentan a los mismos obstáculos que las mujeres sin discapacidad, y a otros cuantos más", dijo Vivanco. "Además de problemas evidentes de acceso, como por ejemplo si los centros de salud cuentan con rampas o si existe información disponible en braille o lenguaje de señas, existe la cuestión más importante de los prejuicios. Algunos médicos simplemente no creen, por ejemplo, que las mujeres con discapacidades visuales o auditivas mantengan relaciones sexuales o puedan recordar que tienen que tomar una pastilla anticonceptiva".

Si bien el gobierno argentino recientemente ha tomado medidas tendientes a subsanar algunos de los problemas denunciados en "¿Derecho o Ficción?", algunos cambios fueron posteriormente revertidos. En mayo, el Ministerio de Salud de la Nación creó un número telefónico gratuito destinado a responder a consultas sobre dónde se brindan servicios de atención de salud reproductiva y a registrar denuncias. En julio, el Ministerio anunció su intención de que la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles-elaborada por el Ministerio con el fin de asegurar que se practiquen abortos a mujeres y niñas cuya vida o salud estuviera en riesgo a causa del embarazo, o que hubieran sido violadas-tendría fuerza de resolución ministerial. Sin embargo, el día siguiente al anuncio, el gobierno se retractó y sostuvo que si bien la Guía seguía vigente, quedaría a criterio de cada profesional si la cumple o no.

"El gobierno argentino parece estar dándose cuenta muy lentamente que las leyes sobre salud reproductiva no sirven de nada si no se aplican", afirmó Vivanco. "Pero a menos que los cambios sean constantes y claros, muchas mujeres y niñas continuarán sufriendo y, en algunos casos, perderán la vida".

(Buenos Aires, 10 de agosto de 2010) - Cada año, miles de mujeres y niñas en Argentina se exponen a sufrimientos innecesarios como resultado de conductas negligentes o abusivas durante la provisión de servicios de salud reproductiva, señaló hoy Human Rights Watch.

El informe de 53 páginas, denominado "¿Derecho o Ficción?: La Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva", documenta los numerosos obstáculos que enfrentan mujeres y niñas que intentan recibir servicios de salud reproductiva a los cuales tienen derecho, tales como anticoncepción, procedimientos voluntarios de esterilización y aborto después de una violación. Los obstáculos más comunes incluyen prolongadas demoras en la prestación de servicios, derivaciones innecesarias a otros centros de salud, la exigencia ilegal de autorización del esposo y, en algunos casos, directamente la denegación de atención.

"Las mujeres necesitan recibir atención confiable durante toda su vida reproductiva", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Sin embargo, en Argentina esto se parece más a una lotería: se puede tener suerte y recibir atención decente, pero es más probable que no se tenga otra opción que someterse a servicios deficientes o, incluso, abusivos".

Como resultado directo de estos obstáculos, a menudo mujeres y niñas en Argentina no pueden tomar decisiones independientes sobre su salud, y muchas se enfrentan a embarazos no deseados o con riesgo para su salud. En Argentina, el 40 por ciento de los embarazos son interrumpidos mediante abortos, en muchos casos practicados de forma insegura. El aborto inseguro ha sido una de las causas principales de mortalidad materna en el país durante décadas.

El informe identifica que la falta de supervisión y rendición de cuentas en la implementación de las leyes y políticas existentes son los principales problemas que posibilitan que se continúe denegando a mujeres y niñas una atención adecuada. Los médicos y otros miembros del personal de la salud que deniegan a algunas mujeres servicios que les corresponden, o que imponen condiciones arbitrarias para brindarlos, pocas veces -o nunca- son investigados o sancionados.

"Claramente, las políticas sobre salud reproductiva de Argentina no son perfectas, pero si se implementaran, evitarían en gran medida los padecimientos que advertimos al realizar la investigación para este informe", manifestó Vivanco. "El gobierno debe tomar medidas mucho más enérgicas para monitorear el modo en que se implementan estas políticas y para sancionar los abusos".

El informe de Human Rights Watch también critica que las políticas de salud reproductiva argentinas ignoran a sectores interesados clave, como las mujeres y niñas con discapacidad. Con la reciente ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Argentina ha asumido obligaciones jurídicas internacionales específicas en este ámbito que no están siendo cumplidas, expresó Human Rights Watch.

"Las mujeres y niñas con discapacidad se enfrentan a los mismos obstáculos que las mujeres sin discapacidad, y a otros cuantos más", dijo Vivanco. "Además de problemas evidentes de acceso, como por ejemplo si los centros de salud cuentan con rampas o si existe información disponible en braille o lenguaje de señas, existe la cuestión más importante de los prejuicios. Algunos médicos simplemente no creen, por ejemplo, que las mujeres con discapacidades visuales o auditivas mantengan relaciones sexuales o puedan recordar que tienen que tomar una pastilla anticonceptiva".

Si bien el gobierno argentino recientemente ha tomado medidas tendientes a subsanar algunos de los problemas denunciados en "¿Derecho o Ficción?", algunos cambios fueron posteriormente revertidos. En mayo, el Ministerio de Salud de la Nación creó un número telefónico gratuito destinado a responder a consultas sobre dónde se brindan servicios de atención de salud reproductiva y a registrar denuncias. En julio, el Ministerio anunció su intención de que la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles-elaborada por el Ministerio con el fin de asegurar que se practiquen abortos a mujeres y niñas cuya vida o salud estuviera en riesgo a causa del embarazo, o que hubieran sido violadas-tendría fuerza de resolución ministerial. Sin embargo, el día siguiente al anuncio, el gobierno se retractó y sostuvo que si bien la Guía seguía vigente, quedaría a criterio de cada profesional si la cumple o no.

"El gobierno argentino parece estar dándose cuenta muy lentamente que las leyes sobre salud reproductiva no sirven de nada si no se aplican", afirmó Vivanco. "Pero a menos que los cambios sean constantes y claros, muchas mujeres y niñas continuarán sufriendo y, en algunos casos, perderán la vida".

Los perjudicados de siempre

El auge en la construcción de centrales hidroeléctricas para la producción de energía está afectando negativamente a numerosas poblaciones indígenas en todo el mundo, advirtió este lunes la organización indigenista Survival.

En un informe publicado en ocasión del Día Mundial de las Poblaciones Indígenas, la ONG denunció que la mayoría de estos proyectos se llevan a cabo sin consultar a las comunidades que habitan en las zonas donde se están construyendo muchas de las represas.

Y en muchos casos, afirma, se trata de comunidades indígenas que se ven obligadas a abandonar sus tierras, o ven afectados sus cultivos u otros medios de vida.

"No sólo no se les da la oportunidad para opinar, sino que tampoco se benefician. Lo único que obtienen son las consecuencias negativas", le dijo Lindsey Duffield, de Survivor, a BBC Mundo.

Y para Duffield, el impacto negativo desproporcionado que este tipo de proyectos tiene sobre los pueblos indígenas es evidencia de las dificultades que estos todavía enfrentan a la hora de defender sus derechos.

"El problema es resultado de una combinación de racismo y de codicia", afirmó.

Voluntad Política

Entre los casos mencionados en el reporte de Survivor se destacan proyectos en Brasil, Perú, Guyana, Malasia y Etiopía.

El gobierno del estado de Mato Groso, por ejemplo, tiene planeado construir 77 represas a lo largo de los ríos Juruena y Aripuana en esa región amazónica.

Y según Survival esto afectará la calidad del agua y las fuentes de pesca de tribus como los Enawene Nabe, Nambiquara, Erikbatsa y muchas otras.

Otros problemas serios que enfrentan las comunidades indígenas son la degradación ambiental y el desplazamiento forzoso de tribus enteras, como sería el caso de los proyectos Gilgel Gibe III, en Etiopía, y Murum, en Malasia.

Pero, ¿no son necesarios este tipo de proyectos para reducir la dependencia de combustibles fósiles y combatir el cambio climático?

"La decisión de construir una represa en tierras indígenas es una decisión política, no una decisión acerca de cómo producir energía", sostiene Duffield.

Y la activista de Survival señaló además que algunos de estos proyectos hidroeléctricos, más que traer beneficios ambientales, lo que hacen es crear las condiciones "para la explotación industrial de las tierras de otros grupos tribales".

Un ejemplo sería la presa de Belo Monte, en Brasil –que una vez concluida será la tercera más grande del mundo-, la que según Survival está actualmente a cargo de un consorcio de nueve compañías mineras.

Las lecciones del pasado

El reporte también lamenta que no se estén aprovechando las lecciones de la historia.

"Hace ya una década la Comisión Mundial sobre Represas reconoció que los grandes proyectos de este tipo ‘han llevado pobreza y sufrimiento a millones de personas’ y estableció estándares y pautas para futuros proyectos", se lee en el mismo.

"Pero las lecciones del siglo pasado están siendo ignoradas y las poblaciones tribales están siendo puestas a un lado, sus derechos violentados, y sus tierras destruidas", afirma.

Para Survival, el problema es particularmente grave porque luego de un declive en la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos a finales de la década de 1980, estos se están volviendo a poner de moda "empujados por un lobby que trabaja duro para retratar a esta industria como una panacea contra el cambio climático".

Y la ONG también sugiere que los esfuerzos auto-regulatorios, como el Protocolo de Evaluación de Sostenibilidad de la Energía Hidroeléctrica de la International Hydropower Association (IHA), son insuficientes a la hora de proteger los derechos de los pueblos indígenas.

"El protocolo no establece estándares mínimos para la construcción de represas. En su lugar, los diferentes aspectos de los proyectos presentados reciben una calificación de uno a cinco", explica el reporte.

"Eso significa que una baja calificación en materia de ‘calidad del proceso de planificación en lo que se refiere a los temas, riesgo y oportunidades de los pueblos indígenas’ puede verse cancelado por una buena nota en ‘transparencia y competitividad del proceso de licitación’", afirma.

"No todo es negativo"

Esta valoración, sin embargo, no es compartida por el director ejecutivo de la IHA, Michael Fink.

"La idea (del protocolo) no es la de arrojar un promedio", le dijo Fink a BBC Mundo. "Hemos sido explícitos en ello".

En su lugar, explicó Flink, el trabajo del foro multisectorial que trabaja en el tema -en el que participan, además de representantes de la industria y de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil como WWF, The Nature Conservancy, Oxfam y Transparencia Internacional-, está orientado a identificar las mejores prácticas.

"Y es porque estamos reconocemos que el tema (de los pueblos indígenas) es importante, que éste es uno de los 23 tópicos considerados en el Protocolo", dijo Fink.

Pero además, según el director de IHA, hay muchos otros tópicos que también son relevantes para las comunidades indígenas, como los que refieren a las diferentes dimensiones sociales o ambientales de los proyectos.

Para Fink, el reporte de Survival pinta un cuadro dramático porque se enfoca en algunos de los peores casos "y eso puede ser útil porque informa el debate y puede ayudar a que algunas situaciones no se repitan".

Pero Fink también hizo notar que en la actualidad hay unos 12.000 proyectos de energía hidroeléctrica operando en el mundo, y que el reporte en cuestión se refiere a únicamente un puñados de casos.

Y si para Lindsey Duffield, de Survival, el camino para conseguir que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados pasa por hacerlos vinculantes a nivel internacional, para el caso de los proyectos hidroeléctricos IHA tiene otra propuesta:

"Invitamos a Survival a considerar la posibilidad de sumarse al Foro para que puedan contribuir plenamente con la forma en la que el Protocolo aborda el tema de los pueblos indígenas", dijo la organización.

Respetos, garantías y promoción

Con ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados miembros de la OEA a adoptar medidas efectivas para respetar, garantizar y promover los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y las personas que los conforman, particularmente en el campo de la lucha contra la pobreza y el aseguramiento de condiciones mínimas de vida compatibles con la dignidad humana.

La CIDH nota con preocupación que numerosas comunidades y pueblos indígenas a lo largo de las Américas soportan condiciones alarmantes de desposesión territorial, de privación o insuficiencia en el acceso a los recursos naturales de los cuales dependen sus prácticas de subsistencia y de falta de provisión de servicios básicos de alimentación, agua, salud y habitación por parte de las autoridades estatales. La sumatoria de estas condiciones expone a los pueblos indígenas y sus miembros a situaciones de vulnerabilidad e indefensión extremas, que obstruyen el ejercicio de sus derechos humanos individuales y colectivos, con particular incidencia sobre la preservación y reproducción de sus culturas ancestrales. Especialmente inquietante en este contexto resulta la condición de la niñez indígena de las Américas, puesto que los infantes, niños y niñas sufren un impacto desproporcionado y más agudo de las condiciones de privación material, ausencia de programas de atención diferenciados y falta de acceso a las condiciones más básicas de existencia digna, impacto que se refleja en las altas tasas de morbilidad y mortalidad infantil por causas prevenibles que se registran entre los pueblos indígenas del continente.

La CIDH recuerda que el derecho a la igualdad y la no discriminación, consagrado en los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, obliga a los Estados no sólo a garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos a las personas indígenas en pie de igualdad con los demás, sino también a adoptar acciones especiales de carácter afirmativo destinadas a atenuar o eliminar las condiciones sociales y económicas que contribuyen a perpetuar la discriminación histórica y estructural que soportan los pueblos indígenas, teniendo en cuenta sus circunstancias de desventaja, vulnerabilidad y desprotección.

De igual manera, la CIDH enfatiza que el derecho internacional de los derechos humanos obliga a los Estados miembros de la OEA a respetar, garantizar y promover el goce efectivo del derecho a la vida en condiciones de dignidad, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Este derecho fundamental, del que son titulares todos los miembros de los pueblos indígenas de las Américas, impone a los Estados, entre otras, el triple deber de (i) adoptar medidas especiales para generar condiciones de vida dignas para las personas, (ii) abstenerse de producir condiciones que obstaculicen el acceso a las condiciones básicas de alimentación, agua, salud y habitación, y (iii) en casos de pueblos ya expuestos a situaciones de vulnerabilidad y riesgo por su pobreza, adoptar medidas positivas con carácter prioritario para satisfacer los requerimientos mínimos de una subsistencia digna. En el caso de los pueblos, comunidades y personas indígenas, el cumplimiento de este triple deber debe realizarse con la debida consideración por la cultura ancestral y teniendo en cuenta la especial relación que vincula a los pueblos indígenas con sus territorios y con los recursos naturales que en ellos se encuentran.

La Comisión Interamericana considera urgente que los Estados miembros realicen los esfuerzos necesarios para cumplir con las recomendaciones de la CIDH y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tratan sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La CIDH creó la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en 1990 con el objetivo de brindar atención a los pueblos indígenas de América que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos, así como de fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en el área. La Relatoría, en nombre de la CIDH, continuará monitoreando de cerca los avances en la materia en el continente americano.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Imparables el feminicidio y la violencia contra las mujeres en Latinoamérica

La violencia contra las mujeres en la región latinoamericana es imparable. Las cifras, por miles, siguen manifestando un dato tras el cual el dolor, la mutilación, el asesinato, la ofensa y el conflicto de pareja minan la capacidad de respuesta de ellas a una vida libre y ciudadana y cobran en otras su propia vida.

Esta violencia, según el análisis de mujeres de 12 países, está cada vez más relacionada con el militarismo en la región, las secuelas de la guerra y los procesos de paz inconclusos. Con el desarrollo de un sistema feroz, cada vez más enfocado al consumo y la explotación, aumenta el número de asesinadas; aparece como grave problema la trata de mujeres y niñas y persiste la impunidad y la indiferencia social y gubernamental.

De la misma forma, los instrumentos jurídicos, los planes nacionales y regionales están rebasados por una realidad que supera toda imaginación. Las mujeres viven un estado latente y creciente de indefensión y campea la injusticia.

Esta situación se agudiza por un proceso global de militarización que se extiende inopinadamente. Los Estados en conflicto político o de guerras con diferente denominación cobran en las mujeres su estabilidad y su integridad. Las participantes, en una reunión realizada en la Casa de la Mujer de la capital colombiana, urgieron a levantar un valladar para detener esta espiral de oprobio femenino.

Reunidas para examinar el estado actual de las políticas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que enfrenten la violencia contra las mujeres, se celebró un nuevo encuentro de la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe por Una Vida sin Violencia para las Mujeres.

En ese contexto, la Red Feminista decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras constatar la persistencia de la violencia contra las mujeres; acordó realizar informes nacionales, documentados y profundos para dirigirse a las instancias internacionales, al comprobar que en la mayoría de las naciones de la región campea la impunidad y se incumplen las leyes, en muchos casos, recientemente renovadas.

Los informes de las asistentes hicieron evidente que la causa de los conflictos políticos y armados, la ausencia de derecho en algunos países, la inoperancia de la Convención Belém Do Pará y la indiferencia y el consentimiento social son semejantes tanto en Guatemala como en El Salvador o México. La situación es grave en Colombia y los asesinatos de mujeres, en menor escala, no paran en Uruguay, Costa Rica, Chile o Puerto Rico.

Durante la reunión se constató, igualmente, que las secuelas de los conflictos armados, como los casos de Guatemala, El Salvador y más recientemente Honduras, revelan que las mujeres siguen siendo botín de guerra, que la tortura sexual, la explotación y la trata también empiezan a ser elementos de esta condición que, en el fondo, habla de la subordinación femenina y la ausencia de Estados democráticos.

Las estadísticas de asesinatos de mujeres crecen especialmente en Guatemala, El Salvador, México y Colombia, donde las cifras de violencia de pareja o dentro del ámbito familiar son imparables y hasta ahora ninguna norma es suficiente.

La secretaria técnica de la Red, la colombiana Olga Amparo Sánchez, comentó que, por parte de los gobiernos, no existe voluntad política y, por el contrario, crecen los presupuestos armamentistas con duras repercusiones en la vida de las mujeres. En Colombia la guerra de 50 años es un flagelo; pero igualmente el enfrentamiento contra el narcotráfico en México ha dejado inertes a miles de ellas en los últimos cuatro años.

En Colombia, la violencia al interior de la familia arrojó que sólo por lesiones 341.720 mujeres formularon denuncias; que la violencia en la relación de pareja -llamada sexual- y los homicidios siguen creciendo y, aunque no todos ellos pueden clasificarse dentro del feminicidio, son preocupantes.

El informe, leído por Olga Amparo, reconoce que la violencia de pareja disminuyó a partir del proyecto de Seguridad Democrática, impulsado por el presidente Álvaro Uribe, pero esa es la cifra política, de "simulación". Lo cierto es que se han recibido 119.870 casos de violencia sexual, violaciones y abusos, particularmente en los espacios privados, precisó.

Los homicidios de mujeres en Colombia se calculan en 1.300 cada año, desde hace una década; es decir, más de 13.000 mujeres asesinadas en el contexto del conflicto armado, principalmente durante la edad reproductiva, entre 20 y 35 años. Se considera que en el espacio público los homicidios son responsabilidad de la fuerza pública.

Pero en este país, además, hay mujeres desaparecidas y detenidas extrajudicialmente, existe persecución y las más afectadas son las líderes.

Irma Rocío Gurrola, del grupo CEMUJER, advirtió que la situación de violencia contra las salvadoreñas se agrava por la aparición de centros de seguridad privados y la falta de celeridad en la atención y desarrollo de programas preventivos, en un contexto político donde se ha debilitado la democracia.

Datos de CEMUJER referidos por Gurrola y corroborados por el Instituto de Medicina Legal, establecen que ha ido creciendo en el tiempo el asesinato de mujeres: en 2007 murió una cada 72 horas, en 2008 una cada 36, en 2009 una cada 31 y en 2010 una cada 13.

Silvia Meza, de la Red Feminista Contra la Violencia, consideró que donde hay sicarios, aumenta la violencia contra las mujeres por el contenido cultural del sicario misógino, que se ensaña contra ellas. Las armas han pasado de las blancas (punzo-cortantes) a las de fuego.

En Costa Rica, los feminicidios entre 2000 y 2004 llegaron a 196; y cuando se examina lo ocurrido en fechas recientes, no disminuye. Son cerca de 68 por ciento de las muertes violentas de mujeres, la mayoría de ellas vinculadas a la pareja, ex pareja y desconocidos.

Hay pocas acciones del Estado y de la ley de penalización, pues en Costa Rica la ley ha perdido o se le han sustraído dos acápites fundamentales: los que penalizan la violencia emocional y el maltrato. Para la abogada Meza, se trata de un franco retroceso.

Martha Quiñones, de Puerto Rico, informó que en 2010 ya hay 15 asesinadas, pero aclara que el problema permanece oculto, no hay estadísticas, y sólo pueden tomarse de los diarios los casos reportados periodísticamente.

Precisa Quiñones que los jueces y los órganos judiciales siguen juzgando a las mujeres por su apariencia o su situación personal o de pareja, lo que propicia un estado de impunidad, a pesar de las leyes. Recordó que Puerto Rico no ha firmado la Convención Belém Do Pará.

Paula Mosca, representante de la Red Uruguaya sobre Violencia Doméstica y Sexual, informó que la situación de violencia doméstica afecta a una de cada siete mujeres de su país; que en 2001 hubo una violación cada nueve días y ahora se reporta una cada 13 días. Sin embargo, no hay datos ni estadísticas confiables. Sólo en 2010 fueron asesinadas 17 mujeres, en el contexto del feminicidio, lo que es grave, y denunció que existen 5.000 denuncias no investigadas.

Este panorama, sólo de algunos países, revela el tamaño del flagelo. Las cifras en Nicaragua, Bolivia y Paraguay, según los relatos de las participantes, son semejantes. A la Red Feminista le preocupa cómo documentar país por país, con análisis y cifras confiables, la violencia contra las mujeres.

La discusión concluyó en la urgencia de elaborar informes puntuales que conformen un fondo regional de documentos que atienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de las violaciones a la Convención Belém Do Pará y otros ordenamientos internacionales relacionados con la Tortura y la Trata.

La Red Feminista está nutrida por decenas de grupos de mujeres y ha realizado importantes campañas continentales. También se ocupa de los hechos históricos que evidencian hasta qué punto la violencia contra las mujeres ha ido en ascenso, contrariamente a la versión de las Naciones Unidas de que el flagelo, al develarse y estudiarse, es una cuestión histórica sólo relacionada con la condición social de las mujeres.

Durante las discusiones se reconoció que la globalidad militarizada y el crecimiento del autoritarismo institucional deberán ser estudiados y analizados para hacer una denuncia en este sentido.

El caso de México, presentado en la reunión, sin representación de Red, mostró cómo en cuatro años se han ejecutado a cerca de 27.000 personas y se calcula que las víctimas femeninas llegan al dos por ciento; además de que el Observatorio Nacional que analiza el feminicidio habla de más de 2.500 mujeres asesinadas cada año.

El caso de Guatemala, que explicó en la reunión Giovanna Lemus, coordinadora de la Red Centroamericana contra la Violencia, ya ha significado la atención de las relatoras internacionales y es una secuela indirecta de la guerra y los procesos inconclusos de paz, indicó.

por Sara Lovera

Fuente: rebelion.org